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| Presentación de Estudio por la Defensoría (ATIPIRI). |
El Alto, 10 Ago. (ATIPIRI).- José Luis Hidalgo, Representante Especial del Defensor del Pueblo de El Alto, presentó el miércoles un estudio de “Levantamiento de Información Sustantiva Sobre la Situación de los Derechos de las Personas Adultas Mayores” en el país, donde reveló que la mayor parte de las personas de la tercera edad del área rural no se benefician de los alcances de la leyes, seguros, programas sociales y otras normativas, razón por la cual recomendó a los diferentes niveles del estado ha aplicar las normas sin discriminación de campo – ciudad ó viceversa.
“Hablamos por ejemplo de la Ley 1886 de Derechos y Privilegios de la persona Adulta Mayor, de la Renta Dignidad, de Decreto Supremo 264, del SSPAM (Seguro de Salud Para el Adulto Mayor), que si bien es cierto son normas que benefician a los adultos mayores, pero no benefician a los adultos del área rural”, sostuvo en exclusiva a Radio Atipiri.
Según Hidalgo, durante las charlas, capacitaciones y orientaciones que realizó la Defensoría del Pueblo de El Alto, verificaron que la mayor parte de la población que se queda en las comunidades del área rural, son los adultos mayores; pero contradictoriamente los beneficios de las leyes y seguros llegan a los adultos del área urbana y no propiamente del área rural.
“Existe estas limitaciones, con referencia el derecho a la identidad, son pocas personas que ejercen este derecho, no está llegando a la totalidad y si no se cuenta con la Cédula de Identidad por ejemplo, difícilmente estas personas van acceder a otros derechos como la Renta Dignidad o los seguros”, detalló.
El estudio de “Levantamiento de Información Sustantiva Sobre la Situación de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, será socializado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que diseñen programas que no excluyan al área urbana y rural.
Indicó que de los 337 municipios del país, 27 no están implementando el Seguro de Salud Para el Adulto Mayor (SSPAM), sin embargo el estudio no llegó a conocer la forma en que se esta implementando en el resto de los 310 gobierno municipales.
Citó por ejemplo que en el caso del Enrolamiento Biométrico para los adultos mayores, se registró en el país a 560 mil personas; de ellas 126.389 corresponden al área rural y 434.152 al sector urbano.
“De los cuales un 43 por ciento son mujeres y un 56 por ciento son varones, entonces tampoco esta llegando a la totalidad de los adultos mayores”, sostiene, al referirse al caso de la Ley de Privilegios del Adulto Mayor “que un 54 por ciento de la entidades financieras cuentan con una ventanilla de atención de personas adultos mayores, un 46 por ciento no cuenta con estos servicios, un 57 por ciento de los bancos conocen la Ley de Derechos y Privilegios de los Adultos Mayores, el 83 por ciento recibió capacitación sobre esta Ley, un 86 por ciento de las financieras cuentan con letreros de información , pero muy pequeñas”.
“Estas no se están cumpliendo a cabalidad, existe deficiencias para que se hagan efectivas estas normas, con la finalidad de que se pueda respetar los derechos del los adultos mayores”, agregó.
El estudio de “Levantamiento de Información Sustantiva Sobre la Situación de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, recomendó a los Ministerios de Autonomía, Autoridad de Control Social y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte ATT, Dirección Nacional de Registro Civil, Viceministerio de Descolonización, Educación, Gobierno Municipales y Gobernaciones, con el objetivo de que estas instancias hagan cumplir las leyes sin discriminación del campo y ciudad o viceversa.
“Ese es el propósito que el Estado pueda implementar políticas para el cumplimiento de esta normativa o creación de otra normativa que vaya a beneficiar a los adultos mayores, la gran dificultad que se ha visto es el área rural”, finalizó.
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