jueves, 24 de marzo de 2011

FISCAL CITA A SOLARES PARA QUE RESPONDA POR SUPUESTA CORRUPCIÓN.

La Paz, 24 Mar. (Atipiri).- La Fiscal del Distrito de La Paz, Ingrid Rodríguez, ordenó ayer miércoles al líder de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, declarar formalmente por un proceso radicado en su contra por la Viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Denisse Veizaga.

 

Rodríguez mandó a citar a Solares, a instancias de Veizaga que acusa al líder de los sindicatos de Oruro por "el delito de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas, incumplimiento de deberes del Código Penal, y sus modificaciones introducidas por la Ley 004", según refiere en un cedulón librado ayer miércoles.
Acusado de haberse alienado en fuerzas paramilitares durante la dictadura que presidió Luis García Meza, Solares, que lideró la Central Obrera Boliviana (COB) entre 2002 y 2003, se dijo perseguido político durante una conferencia de prensa que ofreció ayer luego de recibir el comparendo fiscal.
Solares, que según versiones de prensa se ha puesto en carrera por suceder a Pedro Montes en la cabeza de la COB, que celebrará para el efecto un congreso pautado en la ciudad de Cochabamba el 1 de mayo, cargó contra el gobierno de Evo Morales.
"El Gobierno quiere calumniarme de que soy un corrupto y en base a una denuncia de la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Gabriela Veizaga, la fiscal Mirtha Gonzales me hace un citación para presentarme a declarar el viernes 25 de marzo", sostuvo.
A manera de descargo explicó que "desde 1998 hasta el 2000 hubo la trampa del neoliberalismo de dar 1.000 dólares por año trabajado si había retiro voluntario" y que "junto a Pedro Montes, el 2000 fuimos los últimos en acogernos a esa propuesta, como hicieron antes varios otros dirigentes y trabajadores, muchos de ellos siguen trabajando".

Solares dijo que luego de ser indemnizado por sus desempeños como empleado de la Corporación Minera de Bolivia, lo que le inhibía de volver a trabajar para el Estado, fue contratado por una empresa privada que, según su versión, operó un yacimiento andino.

FUENTE: Jornada.net


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Agencia Regional de Noticias -- ARN

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