Denis Racicot, representante ONU. |
La Paz, 26 Mar. (Atipiri / Erbol).- La influencia del poder económico en la justicia es un problema vigente y profundo en Bolivia, afirmó Denis Racicot, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Uno de los problemas actuales en cuanto al acceso a la justicia y la capacidad de obtener una respuesta de jueces en el sistema judicial a un problema determinado de un ciudadano ordinario, es que entra en juego el poder económico. En distintas instancias, a través de denuncias y comentarios de personas, tenemos esa visión que el poder económico en materia civil puede ser en última instancia, lo que determina la solución o no de un problema y la persona que no tiene recursos económicos está seriamente en desventaja”, afirmó Denis Racicot.
El funcionario de la ONU aseguró que esta es una realidad vigente y profunda en la justicia boliviana que no ha podido ser superada pese a las reformas que tuvo el poder judicial con la incorporación, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura y otras medidas, que se aplicaron sin los resultados esperados.
Racicot señaló que en la justicia boliviana, en material civil, es permanente la interferencia ya sea del poder político o del poder económico.
De acuerdo al informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos, la administración de justicia en Bolivia todavía es muy vulnerable frente al poder político, aunque también ponderó las últimas medidas adoptadas por el Gobierno boliviano, como ser la aprobación y promulgación de la nueva ley del Órgano Judicial.
El funcionario de la ONU aseguró que esta es una realidad vigente y profunda en la justicia boliviana que no ha podido ser superada pese a las reformas que tuvo el poder judicial con la incorporación, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura y otras medidas, que se aplicaron sin los resultados esperados.
Racicot señaló que en la justicia boliviana, en material civil, es permanente la interferencia ya sea del poder político o del poder económico.
De acuerdo al informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos, la administración de justicia en Bolivia todavía es muy vulnerable frente al poder político, aunque también ponderó las últimas medidas adoptadas por el Gobierno boliviano, como ser la aprobación y promulgación de la nueva ley del Órgano Judicial.
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